Farmacéuticas nacionales perderían la participación en el mercado nacional, a causa de los tratados comerciales con Europa. Foto Diario Co Latino/ArchivoDaniel Trujillo,
Gloria Silvia Orellana,
Redacción Diario Co Latino
El doctor colombiano Francisco Rossi conoce las consecuencias negativas de los tratados comerciales firmados entre los países latinoamericanos, Estados Unidos (EE.UU.) y Europa.
El galeno sabe perfectamente que si Centroamérica y la Unión Europea (UE) firman el Acuerdo de Asociación (ADA), el acceso a los medicamentos se dificultará más, debido a las patentes de las transnacionales farmacéuticas del viejo continente y los elevados precios con los que venden sus productos.
Rossi aseguró que “cualquier cosa” firmada en el ADA significará más dificultades para acceder a medicinas, ya que el presupuesto gubernamental para salud poco a poco cederá ante los altos costos de la compra de fármacos.
“Como diría un buen amigo mío: más sufrimiento y, eventualmente, más muertes por falta de acceso a los medicamentos”, aseguró el doctor colombiano.
Con el ADA, afirmó Rossi, se perderían todas las políticas de estímulo local a los diferentes sectores industriales y de servicios del país, además de las regulaciones en pro de los Derechos Humanos.
“Las farmacéuticas nacionales perderían una buena parte en la participación en el mercado nacional, por culpa de los tratados. Muy difícilmente podrán exportar a Europa, por las exigencias europeas”, indicó Rossi.
Lo que caracterizaría los efectos del tratado sería el aumento de la presión hacia los médicos en promocionar en sus consultas los “medicamentos más nuevos” y no los genéricos.
“Hoy, hay medicamentos con el Estado, no tiene con qué pagar para sus hospitales y que la gente no tiene cómo comprar, con ADA eso empeorará”, reiteró Rossi.
Si el acuerdo con la UE se realiza, lo único que quedaría por hacer es “racionalizar más aun” el gasto en medicina, priorizando las necesidades, dijo el médico colombiano.
El mayor problema del ADA es que públicamente no se conoce el texto, debido a la cláusula de confidencialidad, de ahí que lo que se pueda firmar pueda ser contraproducente para el país porque la ciudadanía está desinformada.
El Poder Judicial, el gran ausente en los tratados comerciales
Laura Rangel, de Colombia, y Alberto Arroyo, de México, analistas en política económica, lamentaron que el Poder Judicial en América Latina no incida en los procesos de negociación de tratados comerciales que violentan, en su mayoría, los derechos de los pueblos.
La escasez de información del contenido del texto y el secretismo en las rondas de negociación generan incertidumbre en la sociedad civil organizada, que no encuentran eco en promesas de “ganar-ganar” que ofrecen los negociadores.
Rangel comentó que en la experiencia colombiana, el proceso del control jurídico de constitucionalidad en tratados comerciales usualmente opera después que está ratificado el tratado por el Congreso como normativa nacional.
“En el caso del TLC en Colombia desarrollamos una estrategia jurídica para usar acciones populares que son como medidas preventivas cuando hay una amenaza de vulneración a los derechos humanos”, afirmó.
No obstante, el gane que obtuvieron en primera instancia, quedó el precedente “no judicial” que no hay suficientes controles para que la Corte Constitucional revise la legalidad de los tratados.
“Los tratados se negocian primero desde la política del Ejecutivo, luego viene el control político del Congreso y después, el poder judicial, ese es el panorama colombiano”, confirmó, Rangel
Mientras, Alberto Arroyo, de México, señaló que la ley en su país es “impresionantemente limitada”, y que intentaron como movimiento social interponer una demanda de inconstitucionalidad, sin mayor éxito.
“La demanda de inconstitucionalidad la puede poner un tercio de la Cámara que lo aprobó, o un poder local que se sienta afectado en su jurisdicción y el Congreso está perdido porque el único que aprueba es la Cámara Alta y en ese momento había solo tres Senadores de oposición”, dijo.
La alternativa a la demanda de inconstitucionalidad era abrir un proceso judicial en Europa, por la violación de la -cláusula democrática- y demostrar que se violentaban los derechos humanos de la población mexicana.
“Eso implicaba la contratación de una firma de abogados para lo cual no tuvimos recursos (económicos) para hacerlo y era más bien, difícil que se ganara. Creo que se debe atender todas las vías de lucha en el marco de la legislación de cada país y creo que El Salvador tiene más posibilidad que México ” comentó.
En cuanto a la independencia de la Corte Suprema de Justicia en Latinoamérica, los analistas coinciden en que no garantizan su operatividad porque obedecen, en su mayoría, a la presión que se ejerce desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, indicó Rangel.
Mientras, Arroyo comentó: “cuando introdujimos una demanda en un tribunal interamericano fue por violar el derecho a la información, porque la gente no había sido informada del tratado comercial y sus efectos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sirvió para mostrar que sí tienen jurisdicción para meterse en eso”.
Asimismo, expresó su preocupación por los pocos espacios a la sociedad civil para pronunciarse o participar directamente en las decisiones políticas y económicas que tendrán impacto en el desarrollo social.
